Investigan un posible delito penal en el ERE de la base de Morón
La juez admite una denuncia de afectados y pide a la Policía Judicial que intervenga
JOSÉ CEJUDO / SEVILLA
Día 04/02/2012
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha
dictado una resolución en la que admite la denuncia presentada por un grupo de
trabajadores afectador por el expediente de regulación de empleo (ERE) que la
Junta aprobó en la empresa de mantenimiento de la base aérea de Morón de la
Frontera (Sevilla), y en la que se pedía «el establecimiento de posibles
responsabilidades penales». La juez ha abierto diligencias previas y ha requerido
la intervención de la Policía Judicial en la investigación de los hechos. El
ERE fue anulado provisionalmente meses atrás por un Juzgado de lo Contencioso
al detectarse la existencia de 31 «intrusos». La Junta y la empresa presentaron
recursos que aún no se han resuelto.
La asociación de empleados integrada por diez de los 150
trabajadores incluidos en el ERE de la base de Morón, impulsora de la denuncia,
ha mostrado su satisfacción por el cariz que están tomando los acontecimientos
después de que la juez encargada del caso la haya admitido a trámite.
Para constatar la posible existencia de responsabilidades penales en
la tramitación y ejecución del ERE en la empresa Vinnell-Brown and Root, la
magistrada, de acuerdo con la Fiscalía, ha requerido una exhaustiva
documentación. Así, reclama la relación de los mediadores, los firmantes del
acuerdo, importe de la indemnización, origen de los fondos y un informe sobre
si las personas que recibieron el dinero tenían o no derecho a cobrarlo y si se
aprecia alguna irregularidad.
Aprobación
El ERE fue aprobado por la Junta a finales de 2010 y pagado por la
empresa; afectó a 150 trabajadores, si bien la Inspección de Trabajo del
Ministerio remitió a la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo un
informe sobre el proceso de negociación, en el que hacía constar la inclusión
de 31 personas que no estaban vinculadas a la base aérea.
Posteriormente, el ERE fue recurrido en la vía de lo contencioso por
los asesores legales de la médico y de la ATS de la base aérea, disconformes
por su inclusión en el expediente. En el recurso alegaban una supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales, y los abogados apuntaban la posible
comisión de un delito de prevaricación. Y en paralelo, otro grupo de
extrabajadores (que recientemente han solicitado su reincorporación a la
empresa) presentó una demanda por la vía penal, la misma que ahora ha sido
admitida a trámite.
En la denuncia se hace hincapié en el papel de mediador en el ERE
del alcalde Alcalá de Guadaíra, el socialista Antonio Gutiérrez Limones. Y
también se destaca que había nueve trabajadores en situación de jubilación
parcial antes del ERE, a los que se incluye en el listado final abonándoles las
indemnizaciones. Según los denunciantes son personas vinculadas a UGT y/o al
PSOE y cobraron entre 91.000 y 171.000 euros.
La denuncia sugiere al Juzgado que investigue «sobre la existencia
de posibles indicios de fraude entre las partes firmantes del acuerdo (UGT,
CC.OO y la empresa), la existencia de indicios de prevaricación por parte de la
delegada de empleo de la Junta, Aurora Cosano, e igualmente la existencia de
indicios de posible financiación ilegal del PSOE y de tráfico de influencias de
Antonio Gutiérrez Limones y la Ejecutiva del PSOE de Alcalá de Guadaíra».
En su momento, cuando surgieron las primeras noticias, la consejera
de la Presidencia, Mar Moreno, señaló que la Junta tuvo una actuación
«impecable» y paralizó el expediente inmediatamente después de conocer la
eventual irregularidad. Y el siguiente paso, añadió, fue su traslado a la
Inspección de Trabajo. Descartados los intrusos, finalmente la Junta aprobó el
ERE para 119 trabajadores.
Pasito a paso, seguimos luchando, y cada dia con más ánimo y ganas de colocar a cada uno en su sitio.
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